La guerra fiscal que nadie vio venir: cómo EUA planea castigar los impuestos ‘injustos’ del extranjero

En el cambiante escenario tributario internacional, una propuesta en Estados Unidos de América (EUA) está generando alarma: la Sección 899, incluida en el proyecto “The One Big Beautiful Bill Act”. Esta norma busca imponer sanciones fiscales a países que apliquen impuestos considerados injustos o extraterritoriales.

La propuesta identifica tres tipos de impuestos como detonantes:

1. DST: Impuestos sobre servicios digitales aplicados a plataformas y redes sociales.

2. DPT: Gravámenes sobre ganancias “desviadas” por no existir tratado de impuestos sobre inversiones en EUA.

3. UTPR: Reglas de la OCDE que permiten tributar beneficios si otra jurisdicción cobra menos del 15%.

Supongamos que Francia mantiene su DST. Un fondo de pensiones francés que hoy está exento de retención sobre dividendos estadounidenses bajo el tratado, podría ver esa tasa incrementarse hasta el 50% bajo la Sección 899. Una subsidiaria panameña en EUA, incluso si es pequeña o no cotiza en bolsa, podría quedar sujeta al impuesto BEAT. Además, el Estado panameño o sus entidades públicas perderían cualquier trato preferencial y serían gravados como inversionistas ordinarios.

La propuesta establece que si un país impone, por ejemplo, un impuesto digital (DST) que afecta a empresas como Google o Amazon, EUA podría aumentar los impuestos a toda persona o entidad de ese país que reciba ingresos de fuente estadounidense. Esto incluye gobiernos, fondos de pensiones, empresas y hasta organizaciones benéficas.

Bajo este marco, cualquier conexión con un país “discriminatorio” podría disparar consecuencias fiscales severas. La retención sobre dividendos, intereses y regalías podría incrementarse hasta 20 puntos adicionales, incluso sobre tasas reducidas por tratados. Además, el impuesto BEAT (Base Erosion and Anti-Abuse Tax) se aplicaría a más empresas, eliminando umbrales actuales. Se perderían exenciones como la del artículo 892, que protege a gobiernos extranjeros.

Incluso el Estado francés perdería su actual exención como inversionista institucional.

Supongamos que Panamá introduce un impuesto considerado discriminatorio, como un gravamen digital sobre servicios tecnológicos extranjeros. Un fondo de pensiones panameño que hoy enfrenta cero retención podría ver esa tasa incrementarse al 30% u otra más elevada si no hay tratado con EUA.

La Sección 899 ya fue aprobada por la Cámara de Representantes y se debate en el Senado. Ha generado tensión diplomática. Expertos advierten que la norma podría violar tratados internacionales y desalentar inversión extranjera en EE.UU.

El Departamento del Tesoro publicará trimestralmente una lista de países discriminatorios.

Las empresas deben evaluar su exposición y prepararse para un entorno más hostil.

Esta no es solo una reforma tributaria. Es una nueva doctrina fiscal estadounidense. Si se aprueba, redefinirá las reglas del comercio global.